“Hay una necesidad urgente de crear un registro de vivienda vacía”, Pilar Rivas

Estamos en una situación en la que coexisten 93.000 viviendas vacías, 27.000 en la ciudad con datos de 2013 porque no he encontrado datos más recientes. Al mismo tiempo que se contabilizan 3866 solicitudes de vivienda protegida en el Registro Municipal. Y las solicitudes de ayuda al alquiler (hay que decir que llevan en trámite desde junio, y que aún están en proceso de resolución) se elevan a 3500.

Pero es que la Oficina Social de Vivienda tiene encima de la mesa 920 expedientes de desahucio en la capital entre ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquileres, y esa cifra sigue creciendo.Entre esas 27 mil están las viviendas que sabemos que el Ayuntamiento de Granada tiene a la venta, aunque desconocemos el número, tanto en la Chana como en el Fargue, que podrían dar una respuesta estable a las familias.

Solo estas últimas cifras ponen encima de la mesa que estamos ante una situación de emergencia habitacional.

Pero la emergencia habitacional hace referencia a la relación de un sujeto de derecho con respecto al derecho a la vivienda. No se limita por tanto únicamente a la pérdida de la misma sino al enorme impacto a todos los niveles, que sobre esas familias tiene, todo el proceso de ver peligrar la seguridad de los suyos, ante la imposibilidad de pago.

La Oficina Social de Vivienda acaba de concluir la elaboración de un protocolo que se lleva a cabo desde mediados de 2012 y que se ha ido ampliando hasta ahora que pone el acento en la información jurídica, la orientación, la mediación y la coordinación de todas las entidades empezando por los juzgados y terminando por los servicios sociales y todas las entidades sin ánimo de lucro que intentan dar alojamiento de emergencia. Un programa que es fundamental para las familias, y cuyo diseño y ejecución recae en los funcionarios de esta casa a los que admiro profundamente por su dedicación e implicación. ) 920 expedientes para un solo asesor jurídico y dos trabajadoras sociales.

Mas de la mitad de los casos atendidos son familias extremadamente vulnerables, un 20% son familias monomarentales que vienen de rupturas por violencia de genero.Aproximadamente la mitad son familias inmigrantes con 10, 15 y hasta 20 años de arraigo en la ciudad.Y el 100% de esas familias atendidas no puede tampoco abordar gastos de suministros básicos o la comunidad de vecinos con lo que ello comporta. Frases a diario como “Mi preocupación fundamental día tras días es decidir entre pagar las facturas o comer” “junto lo que puedo hasta el último día de pago para evitar que me corten la luz o el agua”.

Otro dato que me parece importante es que un 25% de los casos nunca había pedido ayuda a los servicios sociales, por lo que desconocen derechos, recursos o prestaciones.

Pero aun en las familias normalizadas con hijos a cargo sin añadir mayor vulnerabilidad previa la inestabilidad en la vivienda, la amenaza continúa de desahucio aun cuando se resuelve satisfactoriamente ha mermado durante el proceso las areas de salud de todos los miembros de la unidad familiar, la dinámica relacional de sus miembros llegando muchas veces a la ruptura de la pareja, afecta y mucho a la integración escolar de los menores, provoca abandono escolar y absentismo y graves problemas de conducta, adicciones, y la perdida de los lazos familiares, en casi todos los casos. Y no estoy hablando de la perdida de la misma solo de la amenaza.

Las respuestas que tanto de la oficina de vivienda como de los servicios sociales se ofrecen a este tipo de familias y antes esta situación son en la mayoría de los casos: Ayudas Económicas Familiares (hablamos de 729.000 euros, hablamos de 900 euros por familia en el mejor de los casos y ayuda de una sola vez) o bien la facilitación del acceso al programa del alquiler social de la caixa que no ofrece casas en granada capital sino en el area metropolitana. No hace falta decir que eso no resuelve la situación solo la contiene.

La situación actual tiene que ver desde luego con la situación del mercado laboral pero también tiene que ver con una política estatal, autonómica y local de vivienda, de muchos años atrás. No ya únicamente con una política de vivienda destinada a hacer de la clase obrera propietaria, a todas luces mucho menos reinvindicativa, sino con una política local de vivienda donde el objetivo ha sido la mercantilización del suelo y la vivienda donde se ha obviado que la vivienda no es solo una casa sino un hogar, el espacio de reunión y de convivencia donde se realiza un proyecto de vida, donde se generan los vínculos y relaciones entre sus miembros y entre estos y su barrio su vecindad.

Esto pone sin duda de manifiesto la urgente necesidad de elaborar un registro de esas viviendas disponibles y del uso que se les está dando para estudiar la posibilidad de dar soluciones estables (estoy pensando en alquiler social, pero también en programas de vivienda intergeneracional u otras opciones). Un cambio en las políticas de vivienda de la mano de una política de generación de empleo (el 95% de los desahucios obedecen a una pérdida del empleo) y una intervención social que abarque todos los niveles en la vida de las personas que se han visto afectados. Esa es nuestra aspiración y por eso en numerosas ocasiones hemos solicitado un cambio en la perspectiva de la atención social municipal. Aunque es evidente la necesidad de una cambio en la legislación relativa a vivienda a nivel autonómico y estatal.

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