Santa Adela tiene más de un problema además de la reactivación del plan de rehabilitación. Esta zona, como también pasa en el caso de Almanjayar, lleva varios años considerada por la Junta de Andalucía, con distintos calificativos, como zona de especial vulnerabilidad, o más concretamente, en el plan de 2014, como “Zona con necesidades de Transformación Social”. Por esta razón el Ayuntamiento se acoge cada año a la convocatoria de ayudas públicas de la Junta de Andalucía, que ofrece una vía de financiación para el refuerzo en la atención social de las familias que residen en estas zonas.

Acceder a esta calificación comporta, no ya que se cubran las necesidades de rehabilitación de edificios y zonas comunes en casos de inhabitabilidad de las viviendas, algo tantas veces repetido en los medios de comunicación, sino también graves situaciones de pobreza y exclusión social de las familias, problemas de desestructuración familiar, adicciones, graves dificultades de inserción escolar y laboral y un largo etc., situaciones que se mantienen aun en silencio para el público en general.

Atendiendo a estas zonas en Granada, tenemos a siete profesionales fuertemente implicados en la intervención social y comunitaria, que se dejan la piel intentando que, pese a la gravedad y urgencia de los casos que atiende, así como a la insuficiencia de recursos, su empeño vaya más allá del asistencialismo que perpetúa y bloquea la integración. Estos profesionales pasan meses pendientes de la salida de la convocatoria por parte de la Junta de Andalucía, que cada año la publica en el último momento y casi siempre por el procedimiento de urgencia.

Que haya que esperar todos los años a que la Junta apruebe un nuevo proyecto, en lugar de contar con un plan estratégico integrado en la atención en la zona, tiene varias consecuencias negativas. En primer lugar, la dedicación de estos profesionales, cada año, a la elaboración del nuevo proyecto interrumpe la intervención y resta tiempo y dedicación en un contexto en los que no sobran ni recursos, ni profesionales. Al final de cada convocatoria se deben cerrar casos, emitir informes pendientes (a menores, a los equipos de tratamiento familiar etc), todo ello ante la inminente posibilidad de que se interrumpa la intervención, de que haya cambios de profesional o de que, directamente, se suspenda la atención si no se renueva el plan.

Pues bien, este año el plan no sólo llega tarde, la Junta de Andalucía ha sacado la convocatoria y no ha incluido las líneas de ayudas a las zonas de transformación social, como tampoco ha incluido la referida al Servicio de Atención al Inmigrante. Aunque las publicara ahora, llegaríamos tarde para renovar unos contratos, los de los trabajadores, que finalizan a 15 de octubre. Los tiempos para la presentación del proyecto y los trámites burocráticos retrasarán, al menos, dos meses y medio la aplicación real del plan, contando los plazos desde la fecha de la convocatoria.

¿Cómo es posible tal grado de irresponsabilidad por parte de la Junta de Andalucía? ¿volverán a alegar que en su competencia está solo el trámite administrativo? No es la única pregunta que se nos plantea, ¿cómo puede la Junta dejar en esta incertidumbre tan terrible a las familias y a los profesionales que las atienden?

Por otra parte, ¿cómo prevé el Ayuntamiento la continuidad de unos profesionales de tanta valía, tanto por su grado de implicación como por su grado de conocimiento del barrio y de las familias a las que llevan años atendiendo? ¿Cómo prevé la atención a estas zonas si finalmente la Junta de Andalucía se hubiera gastado ya el dinero destinado a la atención de estas zonas y no sacara esta convocatoria?

Estamos hablando de los barrios más necesitados de la ciudad, atendidos “a toque de convocatoria anual”, sin un plan estratégico a medio y largo plazo y sin que la asistencia se integre en la estructura normal de funcionamiento de Área de Familia.

Los técnicos del Ayuntamiento, en su intento de resolver esta situación, decidieron tomar la iniciativa, allá por el año 2012 y elaboraron un Plan de Inclusión Social pionero en el Ayuntamiento que permitía no sólo la intervención integral y multidimensional que las familias requerían, sino la consolidación de un conjunto de profesionales que llevan años acumulando experiencia y conocimiento imprescindible de las dinámicas del barrio. El plan contemplaba la asunción por parte del Ayuntamiento de estos profesionales que, inevitablemente, deben formar parte de la estructura municipal, en beneficio de las personas que atienden.

Esta es nuestra propuesta por parte de “Vamos Granada”, la actualización y aprobación urgente del Plan de Inclusión Social, por parte del Equipo de Gobierno, de tal forma que permita dar continuidad a la intervención social que se está viendo, cada año, interrumpida y que abarque la multidimensionalidad que conlleva la intervención social en la población más excluida de la ciudad y que, sin embargo, está siendo atendida de la manera más precaria.

Foto, Salvador Fornell