La moción de Vamos, Granada para el mes de octubre solicitaba dos acuerdos.
1. Que en las próximas contrataciones con entidades financieras, ya sean operaciones de crédito, apertura de cuentas o de cualquier otra naturaleza, se adopten criterios conforme a la responsabilidad en el cumplimiento del derecho a la vivienda, como administración que gestiona dinero público, y concretamente:
– No se contrate ni convenie con entidades que incumplan el Código de Buenas Prácticas propuesto por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, ni aquellas que realicen desahucios.
– Se priorice a aquellas entidades que firmen, con el Ayuntamiento y demás administraciones competentes, convenios para la puesta a disposición de su parque de viviendas vacío para políticas públicas municipales de vivienda.
2. Que se inicien conversaciones con las entidades con las que el Ayuntamiento tiene actualmente contratadas operaciones y productos financieros, para que se avengan al cumplimiento de las anteriores condiciones y, en caso contrario, se acometan negociaciones para su recontratación con entidades que sí las cumplan.
Somos testigos de los intentos de Caja Rural de Granada, una entidad financiera con sede en la ciudad de Granada, de desahuciar de su vivienda habitual a una familia con tres hijos, vecinos de la vecina localidad de Las Gabias. Gracias a la movilización de PAH Granada – Stop Desahucios y los vecinos de Las Gabias, el desalojo no se produjo en la fecha prevista del 9 de octubre y se pospuso la ejecución del lanzamiento hasta el 17 de noviembre.
Se trata del primer desahucio que se pretende llevar a cabo en Granada después de mucho tiempo y consideramos que es el momento de que el Ayuntamiento de Granada, como administración local, haga todo lo posible para evitar este desalojo y los que se puedan producir en el futuro, honrando así la autoproclamada etiqueta de “Granada ciudad libre de desahucios” que el equipo de gobierno se concedió a sí mismo.
La responsabilidad del Ayuntamiento de Granada se extiende no sólo a este caso en concreto, sino a todas las situaciones de vulnerabilidad en la vivienda que siguen sufriendo los granadinos y granadinas, muchos de los cuales viven todavía con el miedo de perder su casa en una ejecución hipotecaria sin tener además alternativas dignas de vivienda.
Para ejercer dicha responsabilidad, el Ayuntamiento de Granada, con un presupuesto anual que ronda los 270 millones de euros, tiene una gran influencia económica en esta ciudad y la responsabilidad de ejercerla. El volumen de negocio que la corporación mantiene con las entidades financieras es millonario, sólo a la Caja Rural de Granada se le abonan en concepto de devolución de créditos una cantidad anual de 2,5 millones de euros, de los cuales casi medio millón corresponde al abono de intereses.
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Granada y las entidades financieras deben basarse en el equilibrio de intereses, donde como contraprestación al volumen de negocio que ofrece el Ayuntamiento de Granada, uno de los mayores clientes del sector bancario de esta ciudad, las entidades financieras deben poner a disposición de la ciudadanía mayor número de viviendas sociales, alternativas habitacionales y cesar definitivamente la ejecución de desahucios de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, como ocurrió el pasado 9 de octubre en Las Gabias.
Está moción no fue votada en Pleno porque no fue admitida por el Secretario Municipal Idelfonso Cobo
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