Esta moción fue presentada en junio de 2017.

Votaron a favor: Vamos, Granada, Ciudadanos e IU

Votaron en contra: PP y PSOE

Durante los meses de mayo y junio hemos conocido que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha puesto a la venta una gran cantidad de inmuebles, muchos de ellos adscritos al Patrimonio Municipal de Suelo, incluyendo aparcamientos, locales comerciales, edificios, viviendas, solares y otras parcelas.

En concreto, se han puesto a la venta más de 1500 plazas de aparcamiento repartidas por toda la ciudad (Pintor Fernando Belda, Plaza La Hípica, Avenida de Pulianas, Peñones de San Francisco, Santa Adela, etc.), también se van a vender parcelas de alto valor en el Parque Tecnológico de la Salud, viviendas en el edificio Apache, el edificio completo de EMUVYSSA en calle Lepanto, locales comerciales en Cuartel de Artillería, El Granado, La Rotonda, o incluso una parcela industrial en el Cortijo del Conde.

En algunos de los expedientes que hemos podido consultar, la justificación de los motivos de la puesta a la venta ha sido escueta e incompleta, afirmándose por ejemplo que estos inmuebles “no son necesarios para el uso general o servicio público” o en el caso de los aparcamientos, que “con la venta se pretende dotar de aparcamiento a los residentes de la zona”.

Desde Vamos, Granada consideramos que, en este momento, el equipo de Gobierno no tiene capacidad conocer con precisión dónde radica radica exactamente el interés general de la ciudad respecto a estos edificios, y ello por carecer de un plan de gestión de espacios públicos que le permita calcular la rentabilidad económica y social de un uso o de otro, o calcular las consecuencias de la definitiva enajenación de los inmuebles. Por otra parte, entendemos que son fines loables el intentar “dotar de aparcamiento a los residentes de la zona”, o querer facilitar vivienda u otros espacios, en modalidad comercial e industrial. Pero es perfectamente compatible la persecución de

estos fines con el uso de otras figuras jurídicas menos lesivas para el Ayuntamiento de Granada, que no impliquen desprenderse definitivamente del patrimonio municipal.

Precisamente, consideramos que los inmuebles de los que actualmente dispone el Ayuntamiento son una herramienta muy útiles para llevar a cabo políticas públicas transversales, que tendrían gran incidencia en un buen número de áreas. La disposición de plazas de aparcamiento de titularidad pública, o la oferta temporal en régimen de alquiler, permiten ahora adoptar medidas flexibles en materia de movilidad, lo cual resulta especialmente interesante teniendo en cuenta que todavía queda por definir una solución integral y definitiva en esta materia. Contar en nuestro inventario con un buen número de viviendas posibilita implementar políticas sociales en un momento en el que el parque de vivienda de la Junta de Andalucía no está respondiendo adecuadamente a las necesidades de los granadinos y granadinas. Por su parte, la posesión de locales comerciales facilita incidir sobre el empleo local, dinamizando el emprendimiento y la economía de la ciudad. En definitiva, muchos de estos espacios, incluyendo los edificios emblemáticos, pueden disponerse para fomentar políticas de participación ciudadana, de cultura, y un largo etcétera.

Al fin y al cabo, se trata de encontrar un modelo de gestión del patrimonio municipal que sea rentable pero a la vez sostenible, y no sólo se trata de rentabilidad económica, sino también social. Por ello, consideramos que las políticas de “liquidación” del patrimonio que se han iniciado no son adecuadas y deben revertirse, dado que son políticas que despatrimonializan el Ayuntamiento, y que a cambio de recibir una inyección de capital a corto plazo, malogra un recurso muy valioso en el medio y largo plazo, con el que se podría generar ingresos líquidos sostenidos en el tiempo, un recurso que nos permitiría directa, o indirectamente, implementar políticas públicas de calidad que sirvan al Bien Común y al interés de la gente, que es el objetivo último de la administración local.

Porque si con la liquidación de inmuebles sólo se pretende equilibrar las cuentas municipales únicamente a corto plazo, es necesario oponerse y plantear como alternativa la posibilidad de implementar políticas menos agresivas, ya sean modalidades de alquiler, cesión, etc., que pueden cubrir parcialmente las cargas hipotecarias y contribuir en el mantenimiento de los inmuebles, a la vez que se mantiene la propiedad que permite que se consigan, en un ámbito temporal más ambicioso, los fines transversales que nos son propios y que hemos señalado anteriormente.

Tampoco puede pretenderse que el ejercicio del servicio público cueste “cero euros” a las arcas municipales, porque ello implicaría la liberalización completa del Ayuntamiento de Granada y en última instancia, su inexistencia como actor público capaz de mejorar la vida de la gente. El objetivo pues debe ser encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad económica de los servicios públicos y la máxima rentabilidad social en la prestación de los mismos.

Por otra parte, los ingresos procedentes de la venta de bienes calificados como Patrimonio Municipal de Suelo, están limitados (o afectados) por ley en cuanto a su posible uso una vez transformado en gasto, que queda restringido a la financiación exclusiva de unos fines concretos relacionados con el propio PMS. Los ingresos procedentes de la mayoría de los bienes señalados quedarían, en principio, diferenciados del resto del patrimonio municipal. Por ello, consideramos que cualquier venta de bienes inmuebles incluidos en el PMS debería, en primer lugar, contar con una planificación previa que establezca cuáles son los objetivos que se pretenden cumplir con la enajenación de los inmuebles y cuáles son los medios concretos que se van a disponer para ello. En otras palabras, hay que relacionar los ingresos previstos en virtud de las enajenaciones con las inversiones que se pretendan realizar, y ello en el marco de una estrategia municipal que tenga en cuenta qué se pone a la venta y con qué objetivo, en términos no estrictamente económicos, sino de realización de políticas públicas a través del uso del patrimonio municipal.

Porque la alternativa, introducida por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, es que los ingresos de la venta del Patrimonio Municipal de Suelo se destinen a reducir la deuda financiera del Ayuntamiento, si bien con determinadas condiciones previas y debiendo devolver las cantidades consignadas en el plazo máximo de 10 años. Desde nuestro punto de vista, vender propiedades para reducir deudas es una medida cortoplacista que compromete la capacidad de acción política del Ayuntamiento y que no es en absoluto deseable.

Por último, se da la circunstancia de que en los últimos años se ha pretendido la venta o la cesión de edificios de especial relevancia, algunos emblemáticos, por su valores patrimoniales, por las posibilidades que ofrecen para su uso o por su ubicación, pertenecientes al Ayuntamiento de Granada, en unas condiciones nada ventajosas. Nos referimos concretamente a los edificios de calle

Lepanto, Rey Soler, calle San Matías y Casa Ágreda. Para ellos pedimos específicamente una puesta en valor y un uso adecuado.

Por lo anterior, proponemos los siguientes:

ACUERDOS

1.- Desarrollar, antes de final de 2017, un plan estratégico a medio y largo plazo, para poner en valor los edificios y bienes patrimoniales del Ayuntamiento, de tal manera que se conviertan en herramientas útiles para la realización de políticas públicas.

2.- Suspender cualquier venta de patrimonio municipal en tanto no se cuente con un plan estratégico. Cualquier urgencia o excepción a lo anterior deberá ponerse en conocimiento de los grupos municipales, previo al inicio del expediente, en la Comisión de Patrimonio.

3.- Incluir de manera expresa en el plan estratégico, para poner en valor y encontrar el uso más adecuado en función del interés general y las necesidades de la ciudad, los edificios de especial relevancia.


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