Indice:/Moción en solidaridad con Nicaragua

Moción en solidaridad con Nicaragua

Por | 2018-10-24T19:08:19+00:00 24 octubre , 2018|Mociones|Sin comentarios

Nicaragua vive una gravísima crisis sociopolítica y de Derechos Humanos, agudizada a partir de los acontecimientos desencadenados el pasado 18 de abril de 2018, cuando se organizaron protestas masivas en todo el país contra la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social. El gobierno que preside Daniel Ortega reprimió de manera brutal las manifestaciones provocando en los primeros días una gran cantidad de muertos, especialmente estudiantes, jóvenes y periodistas.

Conforme avanzaron las protestas la represión estatal llegó a unos niveles más salvajes aún y el número de muertos, heridos y secuestrados siguió aumentando. No sólo la policía reprime al pueblo nicaragüense sino que a ellos se han sumado fuerzas paramilitares con armamento de guerra bajo el control gubernamental, a los que Ortega denomina “policías voluntarios”.
Desde el inicio de las protestas, organizaciones sociales, medios de comunicación, redes y personas activistas han documentado y denunciado múltiples irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
Este contexto motivó la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 17 y el 21 de mayo, la cual constató la existencia de graves violaciones a los derechos humanos tales como asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, censura y múltiples violaciones a los derechos de atención sanitaria, libertad de prensa y de expresión, así como persecución e intimidación a manifestantes y población en general.

Las más prestigiosas organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos han denunciado la violación continua que el gobierno de Daniel Ortega ejerce contra los nicaragüenses. Así, Amnistía Internacional ha alertado que “la represión estatal ha llegado a niveles deplorables”, asegurando que “los grupos parapoliciales andan a sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil”. En su informe más reciente, del pasado 18 de octubre, esta organización detalla casos de detenciones arbitrarias, torturas en los centros de detención, donde también se han producido violaciones a mujeres por parte de la policía y paramilitares afines al gobierno. También han sido contundentes las declaraciones de Human Rights Watch, que denuncian la impunidad de las fuerzas policiales y parapoliciales.

El pasado 28 de agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, elaborado tras un periodo de observación en el país de 4 meses. Este informe concluye que “La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”. Los funcionarios de este Alto Comisionado fueron expulsados del país dos días después de dar a conocer su informe.

Los más destacados intelectuales de Nicaragua, que además fueron parte en su día del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también han denunciado abiertamente las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que ejerce como vicepresidenta. Así, Ernesto Cardenal, el Premio Cervantes Sergio Ramírez o la escritora Gioconda Belli han realizado numerosos llamados a la comunidad internacional pidiendo ayuda para detener la masacre que se está cometiendo contra su pueblo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido en estos meses numerosas resoluciones por una amplísima mayoría de sus miembros en las que ha instado al régimen de Ortega, sin éxito, que cese la represión.
De manera excepcional, ni siquiera durante la dictadura de Somoza se llegó a ese punto, el asunto de Nicaragua ha llegado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 6 de septiembre.
Además, el pasado 31 de mayo el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre Nicaragua (2018/2711(RSP)) en la que condena la brutal represión e intimidación del Gobierno hacia las personas que se manifiestan pacíficamente en Nicaragua, denunciando al gobierno y solicitando la reinstauración de los derechos y libertades del pueblo nicaragüense, así como la apertura de una investigación internacional sobre lo sucedido, la salida del Gobierno de los responsables de esta situación y la convocatoria de un proceso electoral limpio, democrático y con garantías.

Hasta la fecha se han contabilizado y documentado 481 muertes, alrededor de 2.000 personas heridas de diversa gravedad, más de 400 personas detenidas ilegalmente y un número indeterminado de personas desaparecidas. Las solicitudes de asilo a países vecinos (especialmente Costa Rica) se han multiplicado de forma exponencial, más de 23.000 en pocos meses y se han perdido al menos 215.000 puestos de trabajo entre los que se encuentran los más de 135 médicos que han sido despedidos de forma ilegal y arbitraria, según la Asociación Médica Nicaragüense, por el mero hecho de atender a los heridos provocados por los ataques gubernamentales.

La escalada represiva y violenta continúa a 6 meses de iniciado el conflicto por lo que ACORDAMOS:

1. Expresar una profunda preocupación ante la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua, principalmente el derecho a la vida y los de libre expresión y manifestación, así como nuestra condena por la violencia y represión que se ejercen sobre la ciudadanía.

2. Instar al Gobierno de España a incidir en los organismos internacionales para que se frene la escalada de violencia, se investiguen los hechos acontecidos y se depuren responsabilidades con ánimo de restablecer la democracia en el país, de forma transparente, duradera y con garantías.

3. Instar al Gobierno de Nicaragua, a través de su Embajada en España, a tomar medidas de forma inmediata para frenar rotundamente la violencia y garantizar el respeto hacia los derechos humanos, especialmente, la desarticulación de los grupos parapoliciales, la protección de los derechos fundamentales de las personas amenazadas y la colaboración con la comunidad internacional para investigar los hechos acontecidos, así como propiciar un diálogo nacional que lleve a la inmediata restitución de la democracia en Nicaragua.

Fotografía de Jessica Cisneros, Yerling Aguilera, Jimmy Gómez tomada por Antonio Casas

 

 

Deja tu comentario