Necesitamos financiacion directa para el desatrollo de nuestras competencias locales y liberar nuestro presupuesto para poder disponer de la plantilla necesaria

El Ayuntamiento acaba de contratar a 29 trabajadores y prevé la contratación de otros 165 a lo largo del próximo mes- todas ellas, contrataciones temporales sin posibilidad de prórroga- dentro de los programas de la Junta de Andalucía Emplea Joven y 30 Plus. En Vamos, Granada nos preocupa que no sean políticas activas de empleo y la posible reclamación de cantidad tras la sentencia del Tribunal Europeo por el principio de no discriminación en las condiciones de trabajo – que puede suponer hasta 6 millones de euros a las arcas municipales – . Se trata de programas que contratan trabajadores a mitad de precio y que, como novedad, en esta edición podrán desarrollar funciones estructurales.

Señalamos además, que no son políticas activas de empleo, ya que las políticas activas de empleo “generan empleo” mientras que estos programas vienen a suplir las carencias de personal que se han creado por no cumplir las tasas de reposición – el número de funcionarios que ingresan en la Administración dividido por el número de funcionarios que salen de ella por jubilación –  y que han puesto a la administración local en un grave aprieto para la prestación de los servicios. “Mismo trabajo a mitad de precio, esperamos que al menos dispongan efectivamente de un puesto de trabajo con acceso a los recursos necesarios para poder desarrollar sus funciones en igualdad de condiciones”, como se ha solicitado.

Pilar Rivas ha exigido al equipo de Gobierno que revise con sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía la conveniencia de un Decreto, el Decreto de inclusión social, que regula estos programas. Creemos que habría que retirarlo ya que de este modo no se hace sino ahondar en el asistencialismo y precarizar el empleo local. Rivas cree conveniente  dotar a los ayuntamientos de los recursos económicos suficientes para poder hacer frente a sus competencias y que puedan realizar la oferta de empleo público conveniente para cada territorio. Esto supondría abandonar definitivamente el asistencialismo y pasar al diseño de verdaderas políticas de activación y generación de empleo.