En el siguiente texto quiero relatar cuál ha sido mi experiencia con la recién creada “Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Granada”.

En primer lugar, llama la atención que la Oficina haya sido publicitada y magnificada como el culmen de la transparencia por los responsables municipales por el mero hecho de ponerese en marcha. Como si la transparencia tuviese que ver sólo con la disponibilidad de datos, sin orden, o como si cualquier respuesta hubiese que considerarla algo positivo porque “al menos te han contestado”. Cabe recordar que Granada está en el puesto 110 sobre 110 en Transparencia Internacional. Con una nota de 28,8 sobre 100.

El 20 de enero de 2016, con el fin de comprobar el grado de funcionamiento de la Oficina, y de paso de la transparencia de los grupos municipales que componen el Ayuntamiento, registré la siguiente petición de información:

“la relación detallada de gastos realizada por los grupos municipales a costa de la asignación otorgada por el Ayuntamiento”.

Evidentemente, esta petición estaba motivada por la información que había publicado Vamos, Granada sobre la negativa del resto de grupos a dar este tipo de datos, sin que eso quisiera decir que nadie me haya pedido, ordenado, aconsejado o solicitado que hiciese tal petición.

Un mes después (un tiempo bastante correcto), me encuentro en la bandeja de entrada de mi mail la respuesta, grupo por grupo, a mi petición. Todos los grupos, excepto el PP, me comunican las cantidades con mayor o menor detalle, aunque el PSOE pone en duda que legalmente estén obligados a dar esa información (“transparencia”). Cabe señalar que la respuesta de los grupos municipales a un particular no tiene por qué ser verídica, cuestión diferente es si se presentaran esas mismas cuentas ante el Ayuntamiento de Granada.

No obstante, al margen de los datos contenidos, que eran muy razonables, lo más curioso del caso fue que, según me comentaron después, en la propia Comisión de Transparencia el concejal responsable de la Oficina, Francisco Ledesma, confesó que había buscado mis datos en Internet antes de dar respuesta a la solicitud. Voy a repetirlo, un cargo público del Ayuntamiento de Granada quería conocer mi afiliación política para decidir si dar respuesta o no a mi petición de información en la plataforma de transparencia..

Evidentemente, yo no tenía intención previa de ocultar nada, porque además no pensé que eso fuera relevante. ¿A quién se le iba a ocurrir que la afiliación política de uno pudiera ser un elemento descalificante a la hora de realizar una simple petición de información en un Ayuntamiento? Al parecer, al concejal responsable.

Pero, ¿dónde está la trampa en todo esto? ¿por qué son tan celosos los grupos municipales de comunicar sus cuentas sin necesidad de petición alguna? En primer lugar, por supuesto, porque si no se da cuenta de los gastos, se pueden estar realizando prácticas completamente legales pero poco éticas. Y como habitualmente no sabemos cuáles son esos gastos, cada cual que imagine lo que quiera.

Pero puede que la respuesta la encontremos en la propia legislación. La Ley de Bases (art. 73) establece una asignación a los grupos municipales para trabajar en el ámbito local y que se separaa de las subvenciones a los partidos políticos, es una asignación bastante restriciva que no permite gastar dinero en personal ni en bienes inventariables (básicamente, permite pagar servicios). Pero luego, el art. 2 de la Ley de Financiación de Partidos permite transferir ese dinero de las asignaciones municipales al partido político correspondiente. Como los grupos municipales tienen muy limitados los conceptos en los que pueden gastar esa asignación, mientras que los partidos no, a través de estas transferencias se “desvían” las asignaciones de dinero público de su finalidad original y al final se les pierde el rastro.

La transferencia al partido desde el grupo municipal es la opción elegida por el Partido Popular. ¿Consecuencias prácticas? un ejemplo: cualquier grupo municipal (no necesariamente el PP) del Ayuntamiento de Granada podría destinar 10.000 o 20.000 euros a la cuenta general de su partido, para que posteriormente este lo destine a las elecciones gallegas. Con esta maniobra, el dinero del Ayuntamiento de Granada y por tanto de todos los granadinos, acabaría financiando campañas electorales a más de 1.000 kilómetros de distancia.

En este primer ejemplo de transparencia, he querido mostrar la diferencia entre publicitar oficinas y actuar en consecuencia.
Seguiremos informando.