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Granada necesita regular el alquiler de viviendas para uso turístico

Por |2018-05-03T13:21:34+00:003 mayo , 2018|Modelo de ciudad, Prensa|Sin comentarios

El aumento del número de viviendas alquiladas para uso turístico, que está ocasionando una pérdida de población en los barrios, se está abordando en ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca que están actuando para evitar seguir poniendo en riesgo la vivienda, la economía local, y la conservación de los barrios. En este sentido, Andalucía no puede quedarse atrás

En el pasado pleno, preguntamos por las medidas que el ayuntamiento prevé para abordar el fenómeno creciente de las viviendas en alquiler turístico y recibimos respuestas vagas por parte de la concejal del área, que omitió las cuestiones de vivienda y concluyó que la competencia era autonómica. Ayer, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía aseguraba que “la Junta tiene las manos atadas en este asunto y que es el Gobierno central el que puede crear una normativa estatal”. Mientras, en ciudades como Barcelona y Palma de Mallorca, este fenómeno se está abordando a nivel autonómico y municipal con la puesta en marcha de planes a nivel urbanístico que limitan el número de viviendas en alquiler turístico, tanto por número de días, como por número de viviendas por zonas; algo que la formación liderada por la edil Marta Gutiérrez califica como positivo, ya que, “cada vez resulta más difícil vivir en nuestra ciudad debido a que las viviendas se destinan al uso turístico, con precios elevados y contratos de corta duración, algo que está expulsando a nuestros vecinos y vecinas”.

Lo cierto es que el fenómeno de los apartamentos turísticos está afectando ya a toda nuestra ciudad y especialmente al Albaicín y otros barrios históricos del centro de Granada y se trata de “un problema para el sector, por la competencia desleal, pero sobre todo desde el punto de vista del derecho a la vivienda y a la necesidad de mantener los barrios históricos vivos y habitados”. Si a esto le añadimos los resultados de un reciente informe de la Fundación Alternativas que asegura que España está entre los países de la UE con un menor nivel de protección social y con los mayores índices de exclusión residencial, ya que el número de viviendas protegidas construidas actualmente en España no se corresponde con las necesidades sociales de acceso a un inmueble, nos enfrentamos a un serio problema de vivienda. “Existe un consenso general para conservar nuestros barrios manteniéndolos habitados, pero no se está actuando en consecuencia. La población se está viendo expulsada por el aumento desorbitado del precio de los alquileres y no solo del precio, sino que directamente no hay alquileres disponibles por temporadas largas. Este problema se tiene que abordar con medidas acordes a cada municipio”.

Hay comunidades autónomas como Baleares, Cataluña o Canarias que tienen su propia regulación con una ley al respecto, y ya hay ayuntamientos que están actuando. “Con esta actitud el consejero de turismo de la Junta está permitiendo y fomentando que Andalucía se quede atrás en un tema tan importante como este que afecta al sector turístico pero también al derecho fundamental de vivienda. El sector turístico en Andalucía es clave, fundamental, y no podemos quedarnos atrás respecto a otras comunidades autónomas en esta cuestión y sobre todo, planteamos que se tiene que abordar desde el derecho a la vivienda, eludiendo el consenso general de conservación de nuestros centros históricos habitados”.

Esta situación, además, está generando problemas económicos de largo alcance ya que la opacidad de los ingresos de estos alojamientos no reglados dificulta el cobro de impuestos, de tal manera que no sólo suben los precios de la vivienda para los que quieren residir en la ciudad, sino que además las arcas públicas no pueden hacer frente a las necesidades que genera esta masificación turística, realizan una competencia desleal a los alojamientos reglados y provocan una mayor precarización laboral del sector.

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