La asignación económica de los grupos municipales viene regulada en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Estas asignaciones, con un carácter diferenciado de las subvenciones públicas a partidos políticos, vienen determinadas libremente por cada corporación local, sin que la Ley General de Presupuestos haya fijado nunca ningún límite en su cuantía. Entre las pocas exigencias que se imponen a los grupos municipales, además de una limitación en la naturaleza de los gastos, se encuentra la de llevar la contabilidad específica de las mismas, la cual se pondrá a disposición del Pleno del Ayuntamiento siempre que éste la solicite.

El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. (…)

(…) Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

Por tanto, la actual redacción de la LRBRL deja en manos del propio Pleno el hecho de fiscalizar, o no, las asignaciones a los grupos políticos municipales, una opción que el Ayuntamiento de Granada ha declinado en los últimos tiempos. Como consecuencia, en la contabilidad municipal sólo queda registrada la salida de fondos en dirección a los grupos políticos, sin que quede constancia de cuál es el destino final y en qué se gasta efectivamente esta partida de dinero público, que escapa del control del Interventor Municipal, de la luz los medios de comunicación y, en última instancia, de la vigilancia del conjunto de los vecinos de Granada.

No obstante, no existe impedimento alguno para que cada Ayuntamiento pueda profundizar en la regulación de esta materia y dotarse, a través de acuerdos puntuales o mediante su Reglamento Orgánico, de una regulación más exigente, acorde a los tiempos actuales y que aumente la transparencia en la gestión del dinero público (art. 14.4 LFPP). En este sentido avanzan también las dos leyes de transparencia que serán de aplicación a esta corporación en los próximos meses, nos referimos tanto a la ley 19/2013, como a la ley 1/2014, de ámbito estatal y autonómico respectivamente. El objeto de esta moción, por tanto, es completar, a través de un acuerdo del Pleno, el marco normativo que desarrolla la transparencia económica-financiera en aquellos puntos de especial sensibilidad como el que ahora tratamos.

Aún quedan obstáculos que superar hasta que ambas leyes de transparencia sean de aplicación, e incluso entonces, está por ver el alcance real de unos preceptos que no han sido contrastados en la práctica diaria y sobre cuya interpretación aún se genera alguna duda. Por ello, se hace conveniente desarrollar un marco normativo local que profundice en la fiscalización de los fondos asignados a los grupos políticos municipales.

Para concluir esta exposición de motivos, es necesario poner de relieve las magnitudes económicas que quedarían afectadas por este acuerdo: Si tomamos como referencia las asignaciones del anterior mandato, en la que cada grupo municipal percibía un euro como componente fijo y 1.100 euros por concejal como componente variable, comprobamos que la cantidad que ha escapado de la luz pública supera holgadamente los 350.000 euros anuales.

Por lo anterior, proponemos el siguiente

ACUERDO

1.- Durante el actual mandato, y hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, exigir a los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Granada que trimestralmente rindan cuenta detallada de la asignación recibida ante la Intervención municipal.

2.- Que la presentación de las cuentas se realice, como máximo, el 1 de mayo para las cuentas del primer trimestre, el 1 de agosto para las del segundo trimestre, el 1 de noviembre para las del tercer trimestre y el 1 de febrero del año siguiente para las cuentas del cuarto y último trimestre.

3.- Que se hagan públicas las cuentas de los grupos políticos municipales en la web municipal, o a través del portal de transparencia cuando esté disponible, con indicación detallada de los ingresos y los gastos.

4.- Incluir el espíritu de este acuerdo en una futura reforma del Reglamento Orgánico Municipal.

Granada, a 16 de octubre de 2015

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