Antes del Pleno. Cuestiones de forma

Este jueves 31 de marzo se celebró el pleno ordinario de marzo en el Ayuntamiento de Granada. Habitualmente los plenos se celebran el último viernes de cada mes, pero esta vez caía en festivo (viernes santo) y hubo que retrasarlo. Aunque el día en que se celebran los plenos no deja de ser una anécdota, hay varios cuestiones en la forma de celebrar los plenos que sí deberían mejorarse. En primer lugar, el Alcalde insiste insiste en celebrar los plenos en horario de mañana, cuando el horario de tarde permitiría aumentar la asistencia (y el interés) de los vecinos. En segundo lugar, el exceso de formalidad en el salón de plenos y un reglamento asfixiante tampoco invitan a la participación.

La vuelta de TG7

Antes de empezar, y aunque no nos habían avisado, vimos que TG7 iba a retransmitir el pleno en directo. Lo hicieron además trabajando con cuatro cámaras y varios operarios a pleno rendimiento. Desde el grupo municipal nos alegramos de su vuelta a la actividad. No obstante, nos siguen quedando muchísimas dudas sobre la gestión que ha hecho de este tema el equipo de gobierno, que no ha sido ni limpia ni transparente. Para cerrar el asunto se ha montado un auténtico e innecesario entramado legal y, a partir de ahora, será GEGSA, la empresa municipal de gestión de eventos, la que licite el contrato de TG7 con el objetivo de encontrar una nueva productora que gestione la televisión.

¿Cuál es la diferencia con la situación anterior? Pues que el concejal responsable, Francisco Ledesma, introduce un intermediario más en algo que podría hacer (y que de hecho hacía) el propio Ayuntamiento. En todo caso, si esto finalmente sucede será en septiembre, porque de momento la televisión pública permanece abierta sólo a golpe de contratos menores. Curiosamente estos contratos también se gestionarán a través de GEGSA, porque su figura jurídica ampara posibilidades de gasto más amplias (y menos fiscalizables) que la del propio Ayuntamiento. ¿Nuestras sensaciones? Si ya pensábamos que una televisión pública, para que sea independiente y de calidad, exige convocar una oferta de empleo pública que libere de presiones e influencias nocivas a los trabajadores, con el paso dado por el concejal Ledesma, que va en la dirección contraria, nos reafirmamos más si cabe en nuestra postura. Actuando a través de GEGSA se consigue lo que la ley no permite realizar a través del Ayuntamiento. Al introducir un intermediario como la propia GEGSA, se reduce aún más el control de la televisión pública a través de los instrumentos de fiscalización administrativa y ciudadana . Por otro lado, sobre el medio millón de euros en facturas ilegales, Fuentes sigue sin dar explicaciones.

La gestión de los residuos. ¿Carga u oportunidad?

Entrados en el orden del día, el primer punto relevante fue la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº25, la que regula la tasa de recogida y tratamiento de residuos, más conocida como “tasa de basura”, a secas. ¿Cuáles son los antecedentes? Una sentencia del TSJA desmontó este verano el sistema implementado por Sebastian Pérez en sus tiempos al frente de Diputación Provincial y había que reconstruir la ordenanza municipal. Para su aprobación, el PP había pactado el voto favorable del PSOE, por lo que entre ambos tumbaron todas las alegaciones presentadas, menos las suyas, claro. Se quedan en el tintero, por tanto, las alegaciones de la UGR, las de Ciudadanos y las nuestras.

En el turno de debate la intervención de Marta fue para recordarle al concejal de Economía que la ordenanza es cualquier cosa menos ambiciosa, que aplica una “cuota cero” que hace tabla rasa en la cantidad de dos salarios mínimos por unidad familiar, sin tener en cuenta si la esa unidad la componen una o cinco personas, y que también ignora el principio de “quien contamina paga”. Desde “Vamos, Granada” consideramos que reducir el volumen de residuos en origen bien merece un esfuerzo, porque supondría una reducción directa de los costes de prestar el servicio (el Ayuntamiento paga a Inagra y a Diputación la recogida y el tratamiento de los residuos en función del volumen). Este ahorro se podría repercutir directamente a los usuarios que menos residuos produzcan y también permitiría mejorar el servicio o liberar efectivos de Inagra para reforzar la limpieza urbana. La falta de ambición del concejal Ledesma (nuevamente), supone un jarro de agua fría para nuestras expectativas.

El mes pasado iniciamos conversaciones con Telesfora, la concejal de Medio Ambiente, a quien le trasladamos nuestra voluntad de colaborar directamente con el equipo de gobierno, porque creemos que en este campo hay un margen inmenso de crecimiento económico, de creación de empleo y de mejora medioambiental. Parece que, para el equipo de gobierno, los residuos municipales son algo que hay que alejar o enterrar cuanto antes mejor, sin plantearse nada más. No podemos estar de acuerdo con esa visión, el ahorro que podría supone para Granada una mejor gestión se cuenta en cifras de seis ceros, y tal como está el presupuesto no es una cantidad desdeñable.

¿Dación de cuentas?

Los siguientes puntos fueron la dación de cuentas. Cómo recordamos en nuestra última crónica, la dación de cuentas significa que nos dejan durante dos días los expedientes en una mesa y, si queremos, los podemos mirar. Nada más, porque en el Pleno la Secretaría lee el título del punto y se pasa a otra cosa. Pedir un archivo Excel con esos mismos datos supone una auténtica odisea. Pero, aunque el equipo de gobierno ignore sus obligaciones de transparencia, los datos económicos del Ayuntamiento siguen siendo los que son, esto es: no han mejorado un ápice, el presupuesto sigue prorrogado y el concejal de Economía no ha movido un dedo para poner encima de la mesa un proyecto presupuestario que, al menos, cumpla los requisitos legales.

En el Partido Popular siguen haciendo tiempo hasta que llegue 2017 y se puedan aprobar los presupuestos por Junta de Gobierno, gracias a una pirueta legal que estableció el gobierno de Rajoy. Mientras tanto, desde el área de Economía siguen sin involucrar a los grupos de la oposición, a los que únicamente mencionan cuando intentar endosar la (i)responsabilidad propia, olvidando también que quien cuenta con la iniciativa legal, la información económica y los 2.200 trabajadores públicos, son los miembros del equipo de gobierno, y que desde nuestra posición poco podemos hacer ante tal irresponsabilidad, más aún cuando nuestras propuestas económicas llevan meses en un cajón. Inmovilismo e incapacidad, es lo único que ha demostrado el PP en materia de negociación desde que perdió la mayoría absoluta (la incapacidad presupuestaria viene de antes).

La plantilla municipal. La gestión de los recursos humanos como garantía de los servicios públicos.

Una de las deficiencias que llevamos advirtiendo desde que llegamos al Ayuntamiento es el estado de la plantilla municipal, abandonada y desmotivada por la dirección política. La actual situación supone un peligro para la calidad (e incluso supervivencia) de los servicios públicos. Eso cuando no se ha optado, directamente, por la externalización. En este contexto el concejal Fuentes presentó el expediente de modificación de plantilla y lo que vimos fue totalmente decepcionante. Además, aquí hay un detalle formal que no podemos dejar pasar por alto, y que es tan habitual como preocupante: en su propio turno de palabra (ni un minuto antes) Fuentes anunció la creación de dos plazas extra que no se habían recogido en el proyecto y que, según sus palabras “lo mejoraba”.

En otras palabras, el concejal se guarda un as en la manga, que no cambia lo esencial de la propuesta, con la que chantajea al resto de grupos para que aprueben su propuesta, diciendo que en caso contrario “se pierde la mejora”. Pues bien, la mejora no es tal y no había inconveniente para haberla presentado en plazo, más allá de querer dejar a los grupos de la oposición como “los malos de la película”. Afortunadamente, estas técnicas de manipulación y de vieja política funcionan cada vez peor y el resto de partidos emplazamos al Concejal de Personal a que nos trajera el expediente, esta vez completo y con todo en orden, al pleno de abril. En todo caso, si entramos al fondo de la cuestión, no somos optimistas: el trato a los trabajadores públicos es malo y no tiene visos de mejorar, eso sin tener en cuenta la cantidad de servicios externalizados en condiciones precarias para los trabajadores que existen (Ebone y la propia TG7 son dos ejemplo, de muchos posibles). Preparemos una explicación detallada con nuestras propuestas de mejora conforme se acerque el Pleno de abril.

Declaraciones institucionales y mociones.

Justo antes de las mociones de los grupos, se leyeron dos declaraciones institucionales y una moción conjunta. Una de ellas, la Declaración Institucional sobre “Ciudad para la infancia, infancia para la ciudad (aprendiendo de los 50 años con Frato), fue iniciativa de nuestro grupo y celebramos su aprobación. Como siempre pasa en este Ayuntamiento, tras su aprobación, se abre una segunda batalla: su aplicación. (Puedes leer aquí la declaración).

Las mociones del resto de grupos fueron dispares. El PP presentó una moción en defensa de las Diputaciones Provinciales y, para nuestra sorpresa, también en defensa de los Consell y Cabildos Insulares, consecuencias del corta pega… por eso, sobre esto último, le contestamos que no era nuestra competencia posicionarnos sobre instituciones insulares, que aunque el aislamiento de Granada es notable, al menos de momento y en la acepción estrictamente geográfica, no nos hemos convertido (todavía) en una isla.

Sobre las Diputaciones Provinciales, aunque compartimos que los pequeños municipios de esta provincia necesitan apoyo institucional para prestar determinados servicios, las actuales Diputaciones, opacas, ineficientes y poco democráticas, no son la opción más adecuada y que nos sentíamos más cercanos de una organización comarcal que, en todo caso, tenga en cuenta el ámbito competencial y territorial en el que cada municipio necesita asistencia. En todo caso, hay que tener en cuenta que esta propuesta viene del partido que aprobó la Ley Montoro, el mayor ataque a la autonomía local y al principio de proximidad, por lo que la credibilidad de la propuesta es cero. Como proyecto municipalista, desde “Vamos, Granada” creemos firmemente que el nivel más próximo al ciudadano es dónde mejor se satisfacen sus necesidades. El PP ha sido un auténtico peligro público en este sentido.

El PSOE presentó tres mociones con las que compartíamos, en líneas generales, el fondo, aunque hicimos varias precisiones en alguna de ellas. Hicimos hincapié en prevenir la gentrificación a la hora de tratar el comercio local, o distinguir entre calidad del aire, cambio climático y contaminación acústica como tres cuestiones diferenciadas, que no tienen necesariamente el mismo origen y, por tanto, la misma solución.

A Ciudadanos le recordamos que presentar fragmentos escogidos y genéricos de su programa electoral hace que sea muy difícil votar en contra, cuando además no especifican demasiado y recurren a lugares comunes y a tópicos en los que todos podemos estar más o menos de acuerdo. Pero si es difícil votar en contra, es todavía más difícil poder aplicar luego las mociones, o evaluar su cumplimiento. Por tanto, votamos a favor y les pedimos que terminaran de aterrizar, que presentaran cosas concretas que pudiéramos trabajar en el Ayuntamiento de Granada. La anécdota se produjo cuando la misma concejal de Ciudadanos acusó al PSOE de no ser demasiado concreto en sus propuestas. Eso es ver la paja en el ojo ajeno.

Dando la batalla por el agua. Servicio público y esencial. Factura de Emasagra

A continuación se debatió nuestra moción, que este mes reclamaba poner en marcha los mecanismos necesarios para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo (5037/15), que dice que el precio del agua es una tasa. Aunque no es el título más atractivo del mundo, las consecuencias para el interés de los granadinos son tremendas, básicamente: podemos recuperar el agua como un derecho esencial, público y protegido y establecer su gestión como algo esencialmente municipal. Marta lo explicaba al salir del pleno y también lo hemos explicado en profundidad en distintos medios.

Tanto Puentedura como el grupo socialista mostraron un apoyo decidido a nuestra propuesta (esperamos que el PSOE extienda este apoyo a sus municipios en el cinturón de Granada), mientras que Sebastián Pérez, en nombre del PP, cargó con todo lo que tenía. Y lo que tenía, curiosamente, son los mismos argumentos que hemos visto ya en distintos informes jurídicos de los lobbies del agua, nada nuevo bajo el sol. Con todo el mundo posicionado, unos con el interés de la gente y el otro con los beneficios económicos de empresas dudosas y en contra del interés público, quedaba por ver cómo se posicionaba Ciudadanos.

Tras enseñarles la moción incluso antes de presentarla, para que realizaran aportaciones, y tras dos semanas intentando explicarles el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo, votaron en contra con argumentos absolutamente peregrinos. Cómo no pudieron alegar que la sentencia no creaba jurisprudencia (se requieren dos sentencias del Supremo para que una fundamentación jurídica se considere jurisprudencia, y se las remitimos ambas), alegaron la necesidad de un informe de la Dirección General de Tributos que existe desde 2011 y… poco más. Un voto negativo, donde casi no llegaba para una abstención, y una muestra más de que, a la hora de la verdad, su posicionamiento está claro: Al lado de Sebastián Pérez, que es la facción del PP a la que Luis Salvador le debe lealtad (esto también explica algunas desavenencias con “el otro PP”, el del Alcalde Torres Hurtado).

Ruegos y preguntas.

Ya en ruegos y preguntas, propusimos recuperar el tren por Moreda hasta que llegue el AVE, y así ganar tiempo y espacio para acometer el soterramiento, a la vez que reducimos nuestro aislamiento. El malestar de la gente no es sólo porque no llegue el AVE, es que no hay tren a ninguna parte. No obstante García Montero, que no ve ningún problema en que los únicos trenes de Granada sean los blancos y verdes que pasean turistas por Albaicín y Realejo, dijo que prefería no molestar mucho a su ministra y rechazó la iniciativa.

Propusimos también una defensa conjunta de las Escuelas Infantiles Municipales y del modelo 0-6. Pilar señaló que con estas escuelas tenemos un tesoro, que en el futuro se pelearan por ponerse la medalla y por presumir de haber defendido un proyecto tan exitoso como irrenunciable, y que por eso deberíamos ir todos a una para defenderlos. Fernando Egea, de momento, no lo tiene tan claro y prefirió dejar ese apoyo para otro momento. Seguiremos insistiendo. Recuerda que puedes participar en la preparación de los plenos en los encuentros abiertos que realizamos la última semana de cada mes.