La corrupción política se define como “aquellas prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios públicos en beneficio propio” y es una enfermedad que se ha propagado masivamente por nuestras instituciones. El problema de la corrupción carcome los cimientos de nuestra democracia y ha dado como resultado una de las mayores crisis de legitimidad política de nuestra historia reciente.

Las causas de la corrupción política son muchas y variadas, pero algunas destacan sobre otras. La falta de mecanismos de control adecuados para la actividad de nuestros representantes públicos, así como el sentimiento de impunidad que han adquirido algunos políticos, han dado como resultado la aparición de una inmensa telaraña clientelar que ha penetrado hondo en nuestro sistema de partidos y en nuestras instituciones. Lejos de la teoría de la manzana podrida y del caso aislado, han aparecido en los últimos años un gran número de casos de corrupción y el problema se extiende por todos los niveles territoriales de nuestro país: desde el caso Bárcenas, la Trama Gürtel o el caso Acuamed, a los ERES y los cursos de formación en Andalucía, pasando por Madrid y Valencia, o la Cataluña de Jordi Pujol. Así hasta llegar la causa en el que se han visto implicados representantes políticos y funcionarios de este Ayuntamiento: el caso Nazarí.

La magnitud de la corrupción y las heridas que esta provoca en nuestro sistema se contextualizan mejor con los siguientes datos:

Un Estudio de la Universidad Complutense de Madrid afirmaba que, en España, se pierden cada año por casos de corrupción política unos 30.000 millones de euros, lo que supone un 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cantidad supone más de la mitad del gasto en

educación, un tercio del gasto en sanidad o la totalidad de los recortes que nos exigen desde Europa.

En este sentido, la relación entre la corrupción y la deuda pública, que genera más y más recortes en los derechos de los ciudadanos, es una relación directa, por lo que acabar con la lacra de la corrupción sería, en última instancia, también una medida económica.

Por su parte, en 2013, un informe del CGPJ contabilizaba 2.173 casos de corrupción en fase judicial en el conjunto del país. De ellos, 302 se calificaban como macrocausas. Estos datos no incluyen las estadísticas del Tribunal Supremo, que se contabilizan aparte y permiten una conclusión adicional: La corrupción se ha institucionalizado, es ya un problema de estado y la teoría de los casos aislados no se sostiene.

Por otro lado, la inexistencia de mecanismos de control adecuados no surge de la nada. La responsabilidad de esta falla en el sistema tiene una doble vertiente: Si los propios ciudadanos no nos hemos asegurado de crear los mecanismos de control y hemos delegado nuestra responsabilidad en los representantes públicos, y al mismo tiempo nuestros representantes no sólo no han cumplido por nosotros, sino que además han saboteado sistemáticamente los mecanismos que ya existían y que debían fiscalizar su actividad, la conclusión es obvia: El desastre es total y las consecuencias las pagamos ahora entre todos.

Especialmente representativo ha sido el recorte sistemático en medios humanos y materiales sufrido por un sistema judicial que, a pesar de todo y gracias a una lucha que podemos calificar de ejemplar, ha conseguido mantener en pie algunas de las principales causas de corrupción. El contraataque del Partido Popular se ha concretado con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal claramente orientada, que acorta los plazos de instrucción hasta el extremo de ser imposible su cumplimiento.

La labor de control y fiscalización a nuestros representantes es, por tanto, el elemento básico para luchar contra la corrupción. Frente a esto, se ha levantado en los últimos años un velo de oscuridad que ha alejado la luz pública de nuestras Administraciones. No en vano, el índice de transparencia internacional de percepción de la corrupción política y pública muestra que España cayó, entre 2000 y 2013, desde el puesto 20 al 40 y hoy sólo se ha recuperado hasta el 36. A nivel local, Granada ocupaba en 2014, el último año disponible, el farolillo rojo de los 110 Ayuntamientos más importantes de España, con una valoración de 28,8 sobre 100.

El caso de Granada.

En este contexto se explican mejor los estragos causados por el gobierno de Torres Hurtado que durante trece años, presuntamente, ha descapitalizado este Ayuntamiento y con ello la capacidad de la institución de prestar servicios públicos a la gente de Granada. Todo ello para satisfacer intereses económicos personales ilegítimos, olvidando así que la política no puede servir para hacer negocios, sino para servir a los ciudadanos.

Cómo de grande ha sido el desfalco y cómo de profundas son las raíces de la corrupción en el Ayuntamiento y en sus dinámicas es algo que nos toca determinar a nosotros, más aún cuando nueve de los corporativos del grupo popular compartieron durante años Junta de Gobierno y bancada con los tres imputados por el caso Nazarí. Por ello, la responsabilidad de estos corporativos, al menos política, está aún por determinar.

Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento que se dote de herramientas suplementarias para cumplir con el control institucional que le debe a la ciudadanía de Granada. Para elaborar el diagnóstico de qué ha fallado en este proceso y quiénes son los responsables, proponemos constituir una Comisión de Investigación con la capacidad necesaria y los medios adecuados para cumplir esta tarea.

También proponemos transparencia absoluta de nuestras cuentas, es necesario poner encima de la mesa toda la documentación del Ayuntamiento, junto a los recursos económicos y humanos necesarios, para que la actividad institucional de la Comisión de Investigación se complete con un proceso de Auditoría Ciudadana. Porque si las cuentas y los contratos de un Ayuntamiento son realmente públicas y queremos promover la participación ciudadana, favorecer este proceso auditor es el único camino posible, siendo además compatible con cuantas otras medidas de auditoría quiera llevar a cabo el equipo de gobierno.

La promesa de abrir puertas y ventanas y de levantar alfombras se quedará en una mera declaración de intenciones si no nos dotamos de las herramientas concretas con las que cumplir la palabra dada a la gente. Cerrar en falso los 13 años de mandato del Partido Popular, sin hacer un balance de daños, sin depurar responsabilidades y sin poner los medios necesarios para que esto no vuelva a suceder sería defraudar a las personas a quienes representamos.

Acuerdos

1.- Constituir una Comisión de Investigación municipal, con los medios normativos que nos permite el Reglamento Orgánico Municipal, con el objeto de delimitar el alcance que ha tenido el caso Nazarí en la corporación, de delimitar las responsabilidades políticas derivadas y para informar de qué medidas son necesarias para evitar que casos de corrupción como este vuelvan a ocurrir.

2.- Poner en marcha un proceso de Auditoría Ciudadana en el Ayuntamiento de Granada, que invite a la participación de los corporativos, del personal del Ayuntamiento de Granada, de personas a título particular, de representantes de movimientos sociales y de la sociedad civil, y de personas con conocimientos técnicos específicos, para entre todos auditar la deuda del Ayuntamiento, al objeto de identificar aquella deuda contraída en contra del interés general de la ciudad de Granada. Incluyendo en todo caso herramientas que fomenten la participación ciudadana, también sectorial y territorial, esta última a través de las Juntas Municipales de Distrito. Esta auditoría requiere el análisis de contratos de servicios y personal, concesiones, convenios e inversiones, alcanzando a todos los organismos y empresas con participación municipal.

3.- Incorporar al Ayuntamiento de Granada, en el plazo más breve posible, los más altos estándares de transparencia y de participación ciudadana para dar una respuesta integral, desde dentro de las instituciones y desde la sociedad civil, al grave de problema de corrupción política que estamos viviendo en Granada.

  1. – Instar al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia e Interior a redoblar los esfuerzos en la investigación de la corrupción en nuestra provincia, dotando una Fiscalía Anticorrupción con los suficientes recursos humanos y materiales.
  2. – Adoptar medidas de protección del personal municipal denunciante de casos de corrupción, e instar a los gobiernos estatal y autonómico para que desarrollen mecanismos legales y administrativos en este sentido.

Descargar (PDF, Desconocido)

Descargar (PDF, Desconocido)

Descargar (PDF, Desconocido)