Cláusulas Abusivas, e iniciativas – Pleno enero 2017

Con fecha de 21 de diciembre de 2016, la Gran Sala del Tribunal de Justicia Europea ha dictado una sentencia histórica, que pone en evidencia los graves errores cometidos por distintas instancias del sistema económico y judicial español, y que restablece en nuestro país el derecho de los consumidores y usuarios, donde la vulneración en materia de préstamos hipotecarios había sido especialmente notable y cuya integridad, tal y como la conocíamos, sólo ha sido salvada en el último momento por las instancias judiciales europeas.

Atrás quedan años de dejación de funciones del Estado español, incluyendo mención especial al legislador, al Gobierno, al Ministerio Fiscal y al Tribunal Supremo, respecto a la protección de los consumidores. En este tiempo han sucedido hechos vergonzantes, como la implantación de las tasas judiciales en el momento de más demanda de tutela judicial, o la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 donde, a instancia precisamente del Ministerio Fiscal, se limitaba injustamente la retroactividad de la devolución de cantidades en los casos de nulidad de las cláusulas suelo. Ahora, el Estado recibe por fin la corrección del derecho comunitario, que establece de forma clara y contundente lo que es de justicia respecto a los abusos de la banca en materia hipotecaria y cláusulas suelo y, más aún, restablece un principio general de todo el derecho del consumo: si una cláusula es declarada abusiva en un contrato con un consumidor, éste tiene derecho a una restitución completa y no limitada en el tiempo por la fecha en la que se haya declarado la abusividad.

Establecida, por tanto, la retroactividad en la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, entre otras muchas consecuencias generales que se derivarán de esta sentencia, corresponde ahora a las instituciones nacionales facilitar la distribución entre las personas afectadas de la justicia que Europa nos ha devuelto.

En este contexto, es necesario que el Ayuntamiento de Granada sea parte activa de la reparación. Lejos de suponer esto una interferencia con la administración de justicia y con la necesaria independencia judicial, la proactividad del Ayuntamiento que solicitamos desde nuestro grupo municipal responde al mandato expreso que realiza el artículo 51 de la Constitución Española a los poderes públicos respecto a la defensa de los consumidores.

Art 51.1.- Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2.- Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

En este punto cronológico, y tras el dilatado periplo judicial, cualquier retraso adicional en los plazos de devolución de las cantidades, o plantear siquiera una nueva negociación de las cuantías o en el devengo de los intereses, supondría un distanciamiento inaceptable de la reparadora sentencia del TJUE y una vulneración de la legalidad vigente. O dicho de otra forma: sería retroceder a la situación anterior, auspiciada por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que debe quedar definitivamente superada. En concreto, es inaceptable ya la doctrina de la “excepcionalidad económica” que se estableció por el TS que, sin mayor concreción, asumió que la devolución integral de las cantidades cobradas indebidamente en virtud de cláusulas abusivas ponía en peligro la estabilidad del sistema bancario, ignorando por el contrario que el verdadero peligro era asaltar el derecho de la parte más vulnerable en este caso: el derecho del consumidor. Lo que además contradecía más de 100 años de doctrina sobre contratación civil.

Ahora, el derecho europeo no deja lugar a duda sobre la obligación de pago, completa e inmediata en los casos de cláusulas abusivas y, desde este momento, la administración que propicie otra cosa está favoreciendo el incumplimiento de la sentencia del TJUE y del derecho comunitario.

Por ello, desde Vamos, Granada proponemos al Ayuntamiento de Granada renovar nuestro compromiso con la tutela de los derechos que, como consumidores, deben garantizarse a los vecinos de Granada, incluyendo el derecho a la información y a la reparación, en tanto que puedan estar afectados por malas prácticas bancarias y cláusulas abusivas. En el caso de las cláusulas suelo especialmente, pero también respecto a todos aquellos casos de malas prácticas bancarias que han sido detectadas y determinadas como abusivas, como por ejemplo las definidas por sentencia del Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de diciembre, referentes a intereses moratorios, vencimiento anticipado, atribución de gastos de la operación al consumidor y contratación telefónica.

Por lo expuesto, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1.- Renovar el compromiso del Pleno del Ayuntamiento de Granada con los consumidores y usuarios de la ciudad de Granada, en el sentido amplio del artículo 51 de la Constitución Española, igualmente declarar el compromiso de la corporación de facilitar el ejercicio de los derechos a la información y de reclamación, que a raíz de la sentencia de 21 de diciembre, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afecta a las cláusulas abusivas, especialmente en préstamos hipotecarios, y a la retroactividad en la devolución de cantidades indebidamente percibidas por las entidades bancarias.

2.- Instar al Gobierno de España, en relación a las reclamaciones de los consumidores y usuarios sobre cláusulas abusivas en las hipotecas, de acuerdo a lo establecido en la normativa europea, a que cualquier sistema de reclamación extrajudicial, propiciado o no por el Estado, contemple la imposición a las entidades bancarias del pago proactivo, completo, inmediato y con intereses de todos los conceptos indebidamente percibidos por sustentarse sobre cláusulas abusivas. Que no obstante y de forma complementaria, se favorezcan mecanismos de reclamación colectiva, que faciliten el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios, y que se paralicen las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos en los casos que puedan estar afectados por cláusulas abusivas.

3.- Establecer, en el Ayuntamiento de Granada, un protocolo de información sobre cláusulas abusivas y derechos del consumidor para difundirlo por todos los medios municipales, tales como la televisión pública, la página web, las redes sociales y también en formato físico, en las sedes municipales. Mediante dicho protocolo se informará a aquellos que lo soliciten sobre sus posibilidades de reclamación ante las cláusulas abusivas, incluyendo una estimación de la cantidad que pueden reclamar, un borrador para cursar dicha reclamación y la información necesaria sobre los procesos, judiciales y extrajudiciales, que tienen a su disposición. Este protocolo se hará en colaboración con las asociaciones de consumidores y afectados.

Se formará en el protocolo al personal que preste servicios de atención al público en todas las áreas.

4.- Reforzar de forma extraordinaria, con los medios técnicos, materiales y humanos que sean necesarios, aquellos servicios municipales que intervengan en el asesoramiento sobre cláusulas abusivas en contratos con los consumidores y usuarios de la ciudad de Granada, ya sea esta intervención ordinaria y rutinaria u ocasional, incluyendo en este apartado, necesariamente, la dotación adicional a la atención al consumidor, al defensor del ciudadano, el 010 y el refuerzo de la oficina social de la vivienda.

5.- Ofrecer la colaboración del Ayuntamiento de Granada al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al Colegio de Abogados para, en el ejercicio de las competencias municipales, minimizar el impacto negativo para los consumidores que tendrá el previsible aumento de la demanda de los servicios de la Administración de Justicia, que ya de por sí se encuentran saturados.

6.- Instar a la Administración central y autonómica a eliminar los obstáculos que puedan encontrar los consumidores y usuarios al ejercer sus derechos y a dotarse de los adecuados espacios, medios técnicos, humanos y materiales necesarios para facilitar el acceso de afectados por cláusulas abusivas a la tutela judicial efectiva. Lo anterior incluye el refuerzo del turno de oficio del Colegio de Abogados y la derogación definitiva de las tasas judiciales a PyMES y ONGs



Granada 19 de enero, 2017

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