La reciente sentencia del Tribunal Supremo 5037/2015 de 23/11/2015 (rec. 4091/2013), mantiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional –STC 185/1995- y del Tribunal Supremo anteriores a la Ley General Tributaria del 2003, reiterando con rotundidad lo que ya sostenía el Tribunal Supremo en su sentencia 8015/2009 (rec. 4089/2003), de 20/07/2009, de que el servicio de suministro y distribución de agua potable debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t) LHL).

La importancia de esta sentencia radica en que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre hechos posteriores a la aprobación de la ley 2/2011 de Economía Sostenible, que modificó el art. 2.2 apartado a) de la Ley General Tributaria, suprimiendo su párrafo segundo donde se definía lo que debía de entenderse por actividades o servicios prestados en régimen de derecho público, lo que había sido objeto de controversia jurídica, por la que algunas mercantiles del agua sostenían un supuesto poder tarifario, que ahora resuelve definitivamente el Tribunal Supremo.

En esta sentencia, el TS vuelve a reiterar que el servicio de suministro y distribución de agua potable debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t) LHL), sin que sea relevante que el servicio público de suministro de agua potable sea prestado mediante concesión o por sociedad pública.

Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable deben ser calificadas siempre como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado –como EMASAGRA -, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado, ni de precio público.

Por lo tanto, la forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede con la gestión de EMASAGRA.

Lo que no podía ser de otra forma siendo el derecho al agua potable y al saneamiento “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos(Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas), y estando definido en nuestra normativa el abastecimiento domiciliario de agua potable como un servicio público esencial, según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Pero la trascendencia de la jurisprudencia del TS va más allá de la necesaria aprobación de una Ordenanza fiscal del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, ya que la naturaleza de las tarifas del agua y de los contratos está definida por las leyes y no en las disposiciones administrativas municipales, tal como rotundamente lo explica el TS en su sentencia 8294/2009, de 12/11/2009:

De admitirse las tesis de las partes recurrentes, habría que concluir que las categorizaciones y declaraciones realizadas por las Corporaciones locales en sus propios actos prevalecen sobre lo dispuesto en las Leyes, de manera que la eventual firmeza de aquéllos determinaría la imposibilidad de hacer valer lo establecido en éstas.

La Administración no puede, mediante un acto administrativo, modificar la naturaleza jurídica de un tributo. Por otro lado, el pliego de condiciones y el contrato de concesión sólo regulan las relaciones entre el concesionario y el Ayuntamiento”.

Por lo tanto, sentado con rotundidad por el Tribunal Supremo que la calificación jurídica de las tarifas del servicio domiciliario de agua potable son tasas, es decir tributos, prestaciones personales o patrimoniales protegidas constitucionalmente, es un derecho fundamental el que no se puedan cobrar las tarifas del agua a los usuarios más que con arreglo a ley (art. 31.3 CE), por lo que debe adecuarse el procedimiento y cuantía de las tarifas a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los recibos impagados deben tramitarse según lo dispuesto en la Ley general tributaria y reglamento de Recaudación.

En consecuencia, se presenta al Pleno del Ayuntamiento de Granada, para su debate y aprobación, los siguientes:

ACUERDOS

  1. Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada la incoación del expediente de Ordenanza fiscal de tarifas del agua, estableciendo su naturaleza jurídica de tasas, según procedimiento articulado en el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo constar en el expediente, a la mayor brevedad, el correspondiente informe técnico-económico establecido en el art. 25 TRLRHL.
  2. Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada a que ordene la realización de una revisión de los importes las tarifas vigentes del agua para asegurar el cumplimiento del art. 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales – TRLRHL-, de que el importe de las tasas por la prestación del servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, para lo que tendrán que ser fiscalizados por la Intervención municipal los preceptivos informes técnico-económicos de costes.
  3. Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada a que inicie, con carácter urgente, el procedimiento para la realización del Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable, recogiéndose en el mismo el cambio de tarifa a tasa y el nuevo procedimiento cobratorio de los recibos impagados que resulten tras el periodo voluntario que gestiona la empresa EMASAGRA, eliminando del mismo la posibilidad de realizar cortes de suministro por impago por parte de la empresa, contemplando específicamente la situación de aquellas personas acogidas a los servicios sociales y en probada situación de insolvencia.
  4. Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada a la aprobación de protocolo para el cobro de los recibos del agua, ya que la aprobación de los padrones cobratorios de EMASAGRA es competencia exclusiva de la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, previa fiscalización de la Intervención municipal, sin la que resulta ilegal la puesta al cobro de los recibos. Asimismo, la liquidación recaudatoria de tales padrones también habrá de ser aprobada por la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, y los recibos impagados tramitados por los servicios municipales de recaudación ejecutiva.
  5. Solicitar la realización de un informe completo y detallado a los servicios jurídicos municipales, en el que se valore las consecuencias de la referida sentencia sobre la situación contractual del Ayuntamiento con EMASAGRA y con el socio privado, valorando específicamente si trae causa y las consecuencias de incoar de oficio, según lo establecido en el art. 102.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, expediente de declaración de nulidad del contrato de participación de AGUAS DE BARCELONA o AQUAGEST en el capital de EMASAGRA, siempre requiriendo informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
  6. Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada, en su calidad de miembro del Consejo de Administración de EMASAGRA a que comunique a la empresa el contenido de los acuerdos aprobados, ordenando el cese inmediato de los cortes del suministro del abastecimiento de agua potable por impago de recibos.

Petición que resulta de imperativo constitucional, por lo que debe ser aprobada por el Ayuntamiento y aplicada a la mayor brevedad posible por la empresa EMASAGRA, mediante los Convenios que fueran precisos, para no seguir incurriendo en la nulidad absoluta del cobro de los recibos según el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC-.

En Granada, a 15 de marzo de 2016.

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