Denunciamos la situación de más de 120 familias que se enfrentan a la posibilidad de multas de hasta 1.200 €

Se trata de familias que intentaron regularizar su situación tras los desenganches indiscriminados de febrero y que, sin embargo, ahora han sido citadas por presunto delito de fraude de fluido eléctrico, lo cual nos parece una tremenda injusticia.

 Denunciamos en febrero de este año el corte del fluido eléctrico en varias calles de la Barriada de la Paz y Rey Badis y la retirada de todas las instalaciones que carecían de contador, sin distinción alguna ante las posibles situaciones de personas vulnerables, familias con menores o personas mayores. Estas familias, más de 120 que quedaron sin energía, principalmente en el distrito norte de la ciudad, y que intentaron regularizar su situación tras los cortes indiscriminados de febrero, han sido citadas en el juzgado de instrucción por delito de fraude de fluido eléctrico. “Comprobamos una vez más que en Granada se gobierna de espaldas a la realidad de sus vecinos poniendo por delante los intereses de las empresas eléctricas multinacionales a los de la ciudadanía”, ha asegurado Pilar Rivas.

Desde el primer momento, las familias denunciaron también las irregularidades de los presupuestos para regularizar las instalaciones, que fueron realizados por la empresa autorizada por Endesa, “estas denuncias han pasado a fiscalía, pero no han sido resueltas, irregularidades que suponían sobrecostes por conceptos que por ley no debían contemplarse, puesto que debían correr a cargo de la empresa; aún así, las familias hicieron frente a estas cantidades como pudieron, a costa de endeudarse, para poder disponer de suministro”. Cuando estas familias llaman a Endesa para poder resolver la situación se les comunica que, pese a disponer de número de contrato, no constan como usuarios de Endesa, lo cual considera como un nuevo despropósito en unas actuaciones que, en definitiva, solo ha tenido como resultado el colapso de los juzgados y el endeudamiento de familias que ya estaban en situación de mucha precariedad. Habida cuenta que la respuesta a nivel de intervención social y pese al esfuerzo técnico, ha sido mínima, tan solo una familia ha podido disponer de una ayuda económica para hacer frente a los gastos de regularización.

Denunciamos que la compañía, por el contrario, sí que ha utilizado la actuación para reclamar la subvención por la detección de fraude, establecida en el el decreto 1048/2013; aunque el distrito continúa sufriendo los cortes de luz a día de hoy, “cada noche las calles de algunos barrios del distrito siguen quedándose a oscuras. Insistimos en que la solución a este problema requiere de la generosidad del equipo de gobierno y del resto de grupos municipales que como representantes de los granadinos debemos defender sus intereses, por encima de intereses de partido, cuando son las políticas actuales en ámbitos como la vivienda o el empleo las que las coloca en esa situación de vulnerabilidad”.

Exigimos al equipo de Gobierno que “se ponga las pilas ahora y deje de actuar a golpe de demanda mediática y coja nuestra mano tendida, este es el momento de hacer algo si no queremos que al volver el invierno se repitan los cortes de luz, también a esas mismas familias a las que hoy se les pide respondan ante la justicia por fraude después de haber regularizado su suministro”.

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