Atención Personas sin hogar – Moción e iniciativas julio 2017

Estamos a la espera de poner en marcha la implementación del nuevo modelo de atención a las personas sin hogar. Pero somos conscientes de que ante una problemática tan diversa, hacen falta estrategias también diversas, igual que somos conscientes de las muchas deficiencias de nuestra red de atención a las personas sin hogar. Estamos ante una problemática que crece cada día como consecuencia de la situación actual de grave insuficiencia de medios económicos de un importante segmento de la población y la enorme precariedad laboral. Hablamos de que hay más del doble de personas sin hogar que plazas de alojamiento de emergencia. Los datos hablan por sí solos cuando, estudio tras estudio, confirman que entorno al 70% de las personas que viven en la calle manifiestan que su situación ha sido provocada por problemas laborales y económicos y el otro 30% por rupturas familiares. Este último dato también merecería un análisis sistematizado.

Entendemos necesario que, aun siendo prioritario poner a disposición las viviendas municipales para la atención a las personas sin hogar, tal y como está aprobado en Pleno cuando debatimos y votamos la moción sobre “Housing First“ que presentó este grupo municipal, es igualmente necesario consolidar y desarrollar los derechos sociales expresados en la legislación y las prestaciones básicas a este colectivo, en el ámbito local.

Hace más de 10 años del Pacto Estatal que dio lugar al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, nacido del debate plural y de la práctica de centenares de ayuntamientos. La política municipal de los últimos gobiernos, de uno y otro partido, han conseguido no obstante vaciar de contenido el Plan Concertado de prestaciones básicas, convirtiéndolo en un mero mecanismo de financiación. Igual podríamos decir de la Junta de Andalucía, cuya Ley de Servicios Sociales supone, respecto a la anterior norma, un retroceso en el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales, mientras utiliza a su vez, desde hace años, el Plan Concertado como mecanismo de control de gasto de los Ayuntamientos.

Frente a la incapacidad de estos gobiernos, debemos promover la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, denunciando la amenaza de retorno a la asistencia social, dualismo donde coexisten una oferta privada de servicios de calidad para quienes pueden pagarlo y, para el resto, un sistema residual asistencialista que, además de deteriorar el concepto de lo público, deja a la iniciativa privada las manos libres para alcanzar beneficio en un sector tan vulnerable como el de dar cobertura de las necesidades humanas más básicas.

Lo que presentamos a este pleno no es una alternativa a lo que tenemos en la actualidad, alternativa que ya pusimos encima de la mesa cuando hablamos de Housing First y cuya implementación seguimos esperando, sino ciertos aspectos a desarrollar dentro de una política integral pública para la erradicación del sinhogarismo y para avanzar en una atención basada en los derechos sociales y no en criterios compasivos ni humanitarios. A diferencia de nuestra propuesta sobre cambio de modelo de atención, en esta ocasión hacemos referencia solo a las Personas sin vivienda, dejando inevitablemente a un margen el análisis de las situaciones de infravivienda, al no ser objeto de atención en la actualidad por nuestra red municipal.

El pasado mes de enero se hizo un recuento de personas sin hogar con miras a establecer una estrategia con la Fundación Rais. No sólo discrepamos sobre la estrategia de externalizar la atención obligada por ley a entidades privadas, es que ni siquiera, a día de hoy, tenemos los datos de dicho recuento. En marzo se anunció en prensa una negociación con los bancos para la cesión de viviendas de la que no hemos vuelto a saber nada. En el mes de mayo se anunció la elaboración de un plan estratégico del que tampoco sabemos nada. Quizás sean muy buenas iniciativas pero, al fin y al cabo, las personas siguen siendo atendidas exactamente igual que hace un año en tanto no se vean resultados, es decir, con muchas carencias, con un peso sobredimensionado de entidades privadas que actúan sin una estrategia pública que la coordine y desde una óptica asistencialista que no hemos superado.

Tras la iniciativa de celebrar un Pleno con personas sin hogar, en el que seguro se hicieron muchas propuestas y se pusieron encima de la mesa un centenar de quejas, a día de hoy la atención sigue siendo igualmente deficitaria.

Es por todo esto que proponemos, para su aprobación en el Pleno, una serie de medidas que sin duda deben ir incluidas en ese anunciado plan estratégico, pero que se deben ir poniendo en marcha ya mismo, para atender una situación que no deja de ir a peor, tanto en el diagnóstico global para la ciudad de Granada, como en el abordaje para su atención, a nivel cuantitativo y cualitativo, de las personas sin hogar.

1.- La atención a las PSH no puede quedar al margen, ni sustituir los sistemas normalizados de atención al resto de la población.

Necesitamos protocolos ágiles de coordinación y derivación al Sistema Público de Servicios Sociales: atención a la dependencia, protección de menores, inmigrantes en primera acogida, servicios para la mujer o acceso a una renta básica, ofreciendo garantías de acceso al sistema. No debemos en ningún caso sustituir la responsabilidad de las estructuras generales de los Servicios Sociales. La atención desde las distintas entidades sociales no puede, en ningún caso, sustituir la atención normalizada en cada una de las problemáticas que concurren en una persona sin hogar. La coordinación con los Servicios Sociales o con atención primaria de salud y atención hospitalaria, debe ser exhaustiva. Por ejemplo las mujeres víctimas de violencia de género deben ser atendidas desde los servicios especializados de atención a la mujer, aunque sean personas sin hogar, y no generar mecanismos paralelos.

2.- Atención especial al binomio salud y sin hogarismo.

Sin menoscabo de lo anterior y en relación a la atención ambulatoria, los centros de atención a las PSH no son los más adecuados para la recuperación de situaciones agudas tras un alta hospitalaria que requiera atención ambulatoria, por eso es necesario ensayar acuerdos con la Junta de Andalucía para establecer en estos centros de PSH, que hacen las veces de hogar, las posibilidades adecuadas. Necesitamos la financiación para la gestión propia de dispositivos que posibiliten la recuperación, o bien mediante colaboración o convenio con la administración competente. Estaríamos hablando de un importante ahorro en el gasto sanitario por estancias más prolongadas, pero también en desplazamientos y en reingresos innecesarios, con lo que mejoraríamos la atención a estas personas que en muchas ocasiones sufren patologías que sin el proceso de deterioro que ocasiona vivir en la calle, no conducen a la muerte del paciente, (como una diabetes por ejemplo). Por nuestra parte, la incorporación de la ayuda a domicilio a estos centros podría ser de gran ayuda.

Mención especial merece la salud mental. Son necesarios protocolos de actuación con los servicios de salud mental, que deben establecer actuaciones específicas en coordinación con los centros y servicios públicos. Se hacen evidentes las carencias del sistema sanitario en relación a la salud mental de la población en general, las dificultades de adhesión al tratamiento, unido a la ausencia de desplazamientos de los profesionales, hace a veces imposible el diagnóstico, el inicio de

tratamiento o su seguimiento. Esto sucede en casos donde el entorno de seguridad de la vivienda de la persona ofrece todas las posibilidades, y aun así la atención a la salud mental está recayendo fundamentalmente en las familias. Cuando hablamos de personas sin hogar, donde no se produce ese entorno de seguridad, las posibilidades de atención disminuyen drásticamente hasta desaparecer. Referido a la salud mental, toda nuestra atención debe estar depositada en la prevención y las personas que la padecen deben tener asegurado el acceso a una vivienda individual o recursos residenciales que permitan desde el diagnóstico hasta la adhesión al tratamiento.

3.- Garantía de derechos. Accesibilidad y derechos.

El primer derecho es el acceso a los recursos, y la accesibilidad a los mismos depende en gran medida para las personas sin hogar de la localización de los dispositivos y su ubicación en la ciudad. Los desplazamientos para una persona sin hogar son muy costosos y al mismo tiempo la distancia entre los distintos recursos es enorme. La puerta de entrada al sistema de atención debe ser única a través de los servicios municipales, pero al mismo tiempo, debe implicar, en el caso que nos ocupa, una descentralización territorial en los distintos distritos de la ciudad. De forma que para solicitar alojamiento no tengas que desplazarte hasta el borde de la ciudad, al final del Zaidín, pero para cualquier otra gestión tengas que volver al centro.

Por otro lado, la seguridad e integridad de los usuarios y profesionales es un también un derecho, pero no justifica en ningún caso normativas o prácticas que conculquen sus derechos como personas usuarias. La vigilancia y garantía de cumplimiento de los derechos de las personas usuarias de los centros debe realizarse mediante auditoría pública a través de servicios de inspección efectivos. Se debe dar la información a los usuarios y hacer especial énfasis en sus derechos, más que limitarse a las prohibiciones o limitaciones de uso. Todos los centros y servicios han de disponer mecanismos accesibles y eficaces para poder presentar reclamaciones quejas y sugerencias y que han de ser respondidas con agilidad.

Se debe garantizar que el régimen sancionador nunca sea ejercido de forma discrecional por cada dispositivo, al margen de un procedimiento común acordado, ni siquiera desde la mejor de las intenciones. Las sanciones pueden tener carácter sumatorio, pero nunca podrán implicar la suspensión, ni siquiera de forma temporal, del derecho al alojamiento de emergencia salvo por motivos de seguridad que deben cursar con denuncia policial. La regulación debe elaborarse con garantías jurídicas. Esto nos lleva directamente al siguiente punto, ya que la mayor parte de las expulsiones o sanciones que impiden el alojamiento son causas por las situaciones de convivencia forzada.

4.- Intimidad y Convivencia.

Necesitamos dotarnos de espacios y normas que favorezcan la intimidad, como por ejemplo habitaciones y duchas individuales. Los espacios colectivos sólo pueden ser una excepción para casos de urgencia, circunstancias climatológicas o emergencias sociales. Cuando se pregunta a los profesionales, expresan que la principal causa de expulsión de los centros es precisamente la convivencia e incluso el hacinamiento.

La convivencia familiar es también un derecho de las personas y paradigma de la inserción social, bajo cualquiera de las formas que se elija, y como tal debe ser respetada y promovida. Ningún centro puede romper o limitar la convivencia familiar como condición para acceder a los recursos y ningún motivo de organización puede servir de aval para esta práctica. Además la organización actual obliga en la práctica a que los menores permanezca en la la Casa Hogar de OCREM junto a su madre, mientras que el padre se ve obligado a abandonarlos para alojarse en la Casa Hogar Madre de Dios para hombres, privando del ejercicio de los derechos y deberes como padre a ejercer su paternidad en un momento tan difícil. Son prácticas que atentan directamente contra la Ley de Igualdad de Género, haciendo recaer en la madre toda la responsabilidad del cuidado de sus hijos.

Por otra parte, es importante mantener a las familias con menores en los centros de acogida el menor tiempo posible. Para eso hay que distinguir muy bien entre PSH y situación de emergencia social, como un desahucio sobrevenido por falta de medios económicos. Establecer los mecanismos necesarios que permitan el acceso prioritario a vivienda. Para que el circuito de atención no sea cerrado o residual.

5.- Formación y capacitación.

Referido a la actitud y capacidad de los profesionales, se hace imprescindible el reciclaje y la formación especializada. No solo de los profesionales propios, sino también de aquellas entidades en quienes hemos delegado la atención Cáritas, Ocrem, Calor y Café, Cruz Roja, Prohabitat y tantas otras. Entendemos necesario, igualmente, hacer extensiva la formación a la Policía Local, ya que en multitud de situaciones también ellos prestan atención directa a este colectivo. Es urgente que la perspectiva de los profesionales confluya, desde ya, en el modelo de atención que queremos implementar.

Además de la formación específica en el cambio de modelo, la alta movilidad de las personas sin hogar y la atención a personas desplazadas hace necesario que los profesionales dispongan de una guía de recursos a nivel territorial, que ordene el sector y racionalice la estrategia de atención. Necesitamos un sistema de información homogénea. La coordinación con el resto de entidades locales del territorio, con la Comunidad Autónoma y con la FEMP son imprescindibles.

6.- Imaginario colectivo.

Somos conscientes de los esfuerzos de este equipo de gobierno de erradicar el estigma que recae en las personas sin hogar. Sin embargo, mantenemos un sistema de atención en el que subyace la idea de que el pobre es culpable de su pobreza y debe dar pasos hacia la integración social. Precisamente es aquí donde radica el eje central en el cambio de modelo de atención. En un contexto social donde el mercado laboral no da respuesta a las necesidades de la gente, ni siquiera teniendo trabajo, o donde el parque público de vivienda tampoco responde a los niveles de renta y medios de subsistencia de la ciudadanía, es toda una falacia pensar que quien deja de acceder a esos recursos pueda ser culpable de su exclusión social. Se hace necesario un cambio radical en el imaginario colectivo, empezando por esta institución, para que podamos comunicar este nuevo enfoque y se puedan modificar actitudes ciudadanas de rechazo a este colectivo.

El estigma, y por consiguiente el rechazo de la ciudadanía a la implantación de centros en sus barrios o incluso al alquiler social en sus edificios, hace necesaria una estrategia de comunicación y campañas de comunicación a nivel local, aunque también provincial e incluso autonómico. Especial papel merece por tanto la relación con los medios de comunicación. Para que la comunicación sea positiva e incida en el carácter normalizado.

ACUERDOS

1.- Iniciar conversaciones y poner en marcha los protocolos de acceso a los servicios normalizados de salud (atención primaria y hospitalaria) y de atención social (centro de la mujer, SAI, dependencia, vivienda, sistema de renta, etc) que imprima el carácter de atención prioritaria a las personas sin hogar, de forma que superemos de una vez la dependencia de la buena voluntad de los profesionales de uno y otro lado y aseguremos una coordinación efectiva.

2.-

a.- Búsqueda de los espacios municipales y de otras instituciones para la puesta en marcha de centros de atención en las situaciones de alta hospitalaria para la adecuada recuperación y adhesión a los tratamientos médicos. Búsqueda de la financiación adecuada bajo convenios de colaboración con quien es competente en salud, la Junta de Andalucía.

b.- Retomar el Acuerdo Marco de Colaboración en la Atención Socio Sanitaria, incluyendo los aspectos concretos que la coordinación con las Unidades de Salud Mental de Distrito y la Unidad de Agudos de Salud Mental a nivel hospitalario.

3.-

a.- Revisión de las prácticas de todos los centros que actualmente prestan atención a las personas sin hogar y desarrollar nuestra labor de supervisión e inspección de los centros.

b.- Establecer protocolos coordinados y homogéneos de acceso y permanencia en los distintos dispositivos, ajustados al derecho de las personas sin hogar. El acceso debe hacerse sin controles abusivos y la duración de la estancia en los centros no puede en ningún caso limitarse de forma preestablecida. Se ha de tener en cuenta que actualmente el acceso está limitado a 3 días en el caso del escalón de atención de baja exigencia.

c.- Elaborar una carta de servicios que debe estar a disposición de los usuarios en todo momento, donde vengan reflejados los derechos y deberes de las personas usuarias y los profesionales. Así como articular un sistema de quejas y reclamaciones ágil, puesto a disposición y gestionado por personal municipal.

d.- Establecer un sistema único de entrada al sistema y encontrar los espacios municipales para reubicar y descentralizar territorialmente dicho acceso.

4.-

a.- Revisión de los convenios de colaboración con las distintas entidades sociales y los espacios ofertados para adaptarlos al ejercicio de los derechos de intimidad, convivencia familiar y respeto a los preceptos de la ley de igualdad de género.

b.- Dar prioridad a aquellas ayudas económicas que permiten el acceso a una vivienda en situaciones de familias sin hogar.

c.- Revisión del baremo de acceso al registro de demandantes de vivienda y procurar protocolos de coordinación y urgencia con la Agencias de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para el acceso a una vivienda social. Actualmente la personas sin hogar no tienen acceso al registro y según el

baremo actual, puntúa como prioritaria una familia si tiene orden con fecha de lanzamiento, pero no si ya ha sido desahuciada o se encuentra en la calle.

5.-

a.- Puesta en marcha de un plan de formación específica a nivel interno y que incluya al personal de las entidades sociales en quienes hemos delegado la gestión de los recursos de alojamiento para personas sin hogar.

b.- Iniciar coordinación con la FEMP y la Junta de Andalucía para la elaboración de una guía de recursos a nivel territorial, que no haya de esperar a ninguna estrategia regional en tanto que ambas instituciones ya disponen de esa guía y puede ser puesta a disposición inmediatamente.

6.- Elaboración de iniciativas, tales como jornadas de puertas abiertas o eventos diversos que pueden ser útiles para superar tópicos y mejorar la imagen social de estos centros.

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